TEMOAC, MORELOS.— El Ayuntamiento de Temoac atraviesa nuevamente un escenario de tensión interna, en medio de versiones sobre diferencias entre integrantes del Cabildo y presuntos intentos por influir en decisiones administrativas y en el manejo del personal municipal.
De acuerdo con información recibida por este medio, paralelamente existiría otro asunto que ha generado inquietud y que, hasta el momento, no ha tenido la misma exposición pública: presuntas investigaciones ministeriales en las que aparecerían relacionados la síndica municipal Marisol Caporal Beltrán y el tesorero Javier Genaro Linares Rosales.
Ambos forman parte actualmente de la estructura del Ayuntamiento. Según documentación oficial consultada, Linares Rosales se desempeña como tesorero municipal, mientras que Caporal Beltrán asumió posteriormente la sindicatura tras la salida de Esperanza Zavala Galván.
Según versiones e información proporcionada a este medio, existirían carpetas de investigación relacionadas con presuntos delitos de extorsión y delincuencia organizada, en las que aparecerían señalados ambos funcionarios. Esta información, por su naturaleza, correspondería ser confirmada o descartada por las autoridades competentes y mediante los procedimientos legales respectivos.
El tema cobra especial relevancia debido al contexto que ha enfrentado Temoac tras el asesinato del entonces presidente municipal Valentín Lavín Romero, así como por las investigaciones que posteriormente alcanzaron a otras personas vinculadas con la administración municipal.
En ese contexto, resulta significativo que mientras aparentemente existen asuntos de carácter ministerial pendientes de esclarecer, al interior del Ayuntamiento hayan surgido nuevas versiones relacionadas con presuntas diferencias por el control de áreas administrativas y la toma de decisiones.
Trabajadores municipales han señalado, según versiones recibidas, a las regidoras Eloísa Cerezo Barreto, Angélica María Rosales Pastor y Karla Anahí Montañez Cuevas, así como a la síndica Marisol Caporal Beltrán, de presuntamente intentar intervenir en asuntos relacionados con el personal del Ayuntamiento y en decisiones que, de acuerdo con los propios señalamientos, corresponderían a otras instancias.
Sin embargo, todos estos señalamientos deberán ser analizados y, en su caso, acreditados por las autoridades correspondientes, pues una acusación o una investigación ministerial no constituye por sí misma una sentencia ni determina responsabilidad penal.
La pregunta de fondo, entonces, no debería centrarse únicamente en quién tiene mayor influencia dentro del Ayuntamiento, sino en qué está ocurriendo con la estabilidad institucional de Temoac y si las diferencias internas están afectando el funcionamiento de la administración municipal.
En un municipio que ha atravesado acontecimientos delicados en los últimos años, la ciudadanía tiene derecho a conocer, dentro de los límites que establece la ley, qué investigaciones existen, cuál es su estado y qué funcionarios se encuentran bajo algún procedimiento, sin que ello implique anticipar responsabilidades.
La transparencia y la rendición de cuentas deberían estar por encima de cualquier disputa política o administrativa.
El Ayuntamiento no pertenece al presidente municipal, a la síndica, a los regidores ni a los funcionarios. La institución pertenece a la ciudadanía.
Por ello, corresponderá a las autoridades determinar, conforme a derecho, si existen responsabilidades y quién deberá responder por ellas. Al mismo tiempo, el gobierno municipal necesita condiciones para trabajar y atender las necesidades de la población sin que las disputas internas terminen desplazando las prioridades de los ciudadanos.
En Temoac, más que una lucha por espacios de poder, la población merece certeza, transparencia, investigaciones que lleguen hasta sus últimas consecuencias cuando existan elementos para ello y una administración que pueda desempeñar sus funciones en beneficio de la comunidad.