• Locatarios cuestionan el retiro de candados, la presencia de policías y el argumento de un supuesto riesgo en las instalaciones eléctricas; piden que cualquier intervención se realice con acuerdos formales y sin intereses políticos.
La mañana de este lunes se registró un nuevo episodio de confrontación en el mercado municipal San Pablo de Axochiapan, luego de que alrededor de las 5:00 horas elementos de Seguridad Pública Municipal acudieran al inmueble para retirar los candados e impedir el acceso de los locatarios.
El mercado, cuya construcción y puesta en funcionamiento ha estado rodeada de controversias durante varios años, fue entregado en el 2024 y la explanada y calle el 14 de noviembre de 2025, en un acto en el que participaron la gobernadora de Morelos y el presidente municipal Marco Antonio Cuate Romero. Durante aquella jornada también estuvo presente el entonces alcalde Félix Sánchez Espinoza, administración durante la cual se registraron avances importantes en el proyecto.
La obra llevaba alrededor de 15 años como una demanda de comerciantes y habitantes de Axochiapan, quienes consideraban necesario contar con un espacio digno para la actividad comercial. Diversas administraciones municipales intentaron concretar el proyecto hasta que finalmente comenzó a operar durante el actual gobierno.
Sin embargo, a menos de un año de su entrega, el inmueble vuelve a encontrarse en medio de una disputa entre autoridades municipales y comerciantes.
De acuerdo con testimonios recabados por Oriente Radio, varios locatarios aseguran contar con documentación que acredita su asignación como responsables de determinados espacios comerciales. También señalaron que las instalaciones eléctricas fueron revisadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que cada establecimiento cuenta con su respectivo medidor y que disponen de documentación que, según su versión, acredita que las instalaciones se encuentran en condiciones adecuadas.
La situación se complicó este lunes, luego de que el presidente municipal, Marco Antonio Cuate Romero, informara a los comerciantes que no podrían continuar utilizando el inmueble debido a presuntos riesgos relacionados con la instalación eléctrica.
Los locatarios cuestionaron que estos trabajos se pretendan realizar ahora y señalaron que, de acuerdo con lo expuesto por el alcalde, tendrían que retirar sus mercancías y abandonar temporalmente sus espacios mientras se llevan a cabo las reparaciones.
Durante una reunión sostenida este lunes en el mercado, los comerciantes reclamaron al edil que no existe, según dijeron, una minuta firmada por ellos que respalde un acuerdo previo mediante el cual supuestamente se les habría informado sobre el retiro.
Algunos locatarios manifestaron además sentirse intimidados y evitaron ofrecer entrevistas en video ante el temor de posibles represalias.
Otro de los puntos que genera inconformidad es el reglamento del propio mercado. Los comerciantes señalaron que existe una disposición que establece que, después de 90 días sin utilizar un espacio, éste podría ser reasignado por el Ayuntamiento. Por ello, expresaron su preocupación de que el retiro temporal pudiera derivar posteriormente en una reasignación de locales.
En redes sociales también han surgido señalamientos respecto a una presunta cercanía política de algunos comerciantes con el exalcalde Félix Sánchez Espinoza, quien mantiene diferencias políticas con el actual presidente municipal. No obstante, dichas versiones forman parte del contexto político que rodea al conflicto y no constituyen, por sí mismas, una prueba de que exista una motivación política detrás de las acciones emprendidas este lunes.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil del Estado. Ante ellos, los locatarios mostraron documentación relacionada con las condiciones de la instalación eléctrica. Posteriormente, los elementos estatales se retiraron del sitio.
Los comerciantes también cuestionaron el retiro de los candados y la presencia de elementos de Seguridad Pública Municipal, pues aseguraron que los agentes no les explicaron claramente el motivo de su presencia en el inmueble.
Durante la reunión, los locatarios también reclamaron al presidente municipal por qué no se había intervenido anteriormente si existía un riesgo eléctrico y cuestionaron la atención que ha recibido el mercado en materia de recolección de residuos.
Los comerciantes sostienen que han sido ellos mismos quienes se han encargado durante meses de mantener limpio y operativo el espacio, mientras buscan atraer consumidores y hacer funcionar un mercado que, después de 15 años de espera, finalmente abrió sus puertas.
El conflicto coloca nuevamente al mercado San Pablo en el centro de una disputa que rebasa el aspecto administrativo y alcanza el terreno político. Mientras el Ayuntamiento argumenta la necesidad de intervenir para atender posibles riesgos, los locatarios demandan que cualquier acción se sustente en documentos, dictámenes y acuerdos formalmente establecidos.
La expectativa entre comerciantes y ciudadanos es que las diferencias puedan resolverse mediante el diálogo y con apego a la normativa, evitando decisiones unilaterales que puedan afectar a quienes actualmente ocupan los locales.
Después de años de espera para contar con un mercado digno, el reclamo central de los comerciantes y de una parte de la ciudadanía es que el inmueble finalmente pueda operar al cien por ciento y deje de convertirse en escenario de disputas políticas entre grupos y administraciones municipales.
